Los que vivimos en una República Democrática, con un gobierno “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, como bien lo definía Abraham Lincoln, debemos tener presente que el Poder Legislativo es su principal institución, y que su función más destacada es legislar, como ocurre cuando:
- sanciona leyes que convocan a convenciones constituyentes para reformar la Constitución Nacional (CN), que declara y garantiza nuestros derechos humanos, y que creó la sociedad política argentina, gobernada por un Estado Federal, que lo hace junto con las 23 provincias que la componen;
- aprueba tratados internaciones, convenios, con y entre las provincias y/o con otras instituciones;
- sanciona leyes, códigos, reglamentos, resoluciones, que garantizan derechos y fijan políticas públicas; y
- participa en la designación y destitución de algunos funcionarios públicos.
Diagnóstico general
Para garantizar la seguridad jurídica en nuestro país es necesario detectar y estudiar los distintos obstáculos que se producen para ejercitar los derechos, y proyectar leyes que los superen. Para ello, como hacen los médicos, y para que el funcionamiento del gobierno y la administración del Estado sean eficiente es indispensable para un legislador hacer siempre un diagnóstico de lo que ocurre adentro de nuestra sociedad política, que, a primera vista, se muestra descentrada y fragmentada, entre los que la integramos, y como territorialmente.
En ella, más allá de las diferencias que hubo y hay entre porteños y provincianos, ahora se han abierto otras heridas o “grietas”, que a los argentinos nos dividen:
- a las personas que están debajo, de los que están arriba, de la línea de la pobreza;
- a los que viven en las calles, y los que duermen en viviendas;
- a los delincuentes que producen inseguridad, y los que aspiramos a vivir en paz;
- a los que tienen acceso a servicios médicos y a medicamentos, y los que no los tienen;
- a los que trabajan en negro, y los que están en blanco;
- a los que perciben ingresos de la seguridad social o por estar incapacitados, y a los que no;
- a los que recibieron o reciben educación para enfrentar la vida, y a los que no;
- a los que viven en territorios que no cuentan con servicios básicos, y los que habitan zonas residenciales; y
- a los que ejercen el derecho, y cumplen con la obligación de sufragar, y a los que no lo hacen.
Todo lo cual contradice la democratización de oportunidades, la igualdad ante la ley, y genera inseguridad jurídica.
Diagnóstico gubernamental
Por otra parte, el gobierno republicano y democrático no funcionan en Argentina como indica la CN, porque:
El Poder Legislativo:
- casi no se reúne en sesiones ordinarias;
- sus comisiones dictaminan e investigan poco;
- hace dos años que no se sanciona el presupuesto general de la Nación;
- el jefe de gabinete no asiste mensualmente a informar a las cámaras;
- la Defensoría del Pueblo está vacante desde el año 2009;
- tampoco designa a los tres diputados y tres senadores que, junto a su presidente, deben integrar como auditores la Auditoría General de la Nación;
- los bloques políticos se multiplican y se dividen; y
- no se fijan las políticas generales que necesitamos.
El Poder Ejecutivo:
-donde actualmente hay un inexplicable conflicto entre el presidente y su vicepresidenta, a quién el primero califica a esta como “la traidora”, a pesar de lo cual, le delega su cargo cada vez que viaja al exterior, lo que ocurre con mucha frecuencia y sin autorización del Congreso (artículo 99 inc. 18 CN);
-además, muchas decisiones políticas las discute y decide el llamado “triángulo de hierro”, integrado por el presidente Javier Milei, su hermana Karina – secretaria general de la presidencia, y “Jefa” del partido La Libertad Avanza (LLA)-, y, el ciudadano e influencer informal, Santiago Caputo, donde estas tres personas, además, discuten y organizan el partido oficialista en todo el país, designan sus autoridades, candidatos y forman frentes electorales.
El Poder Judicial:
- que tiene una Corte Suprema de Justicia de la Nación integrada por solo tres jueces y tiene dos vacantes;
- también está sin designar desde el año 2017 el titular de la Procuraduría General de la Nación, y el 30 % de los jueces de la Justicia Federal; y
- no se traspasó todavía a la Capital Federal la denominada “Justicia Nacional”, que equivale a la provincial en esa jurisdicción, y que sostenemos con nuestros impuestos todos los argentinos, con lo que no se cumple con lo dispuesto en el artículo 129 de la CN desde 1994.
Diagnóstico de la política
En esta época, en el que en el mundo existe una crisis de liderazgos, el populismo llegó a nuestro país con Javier Gerardo Milei, un outsider sin partido, que construyó el suyo, en los
medios de comunicación, con un discurso agresivo y portando una motosierra, lo que le permitió ser elegido como presidente de la Nación.
Los partidos políticos, están debilitados, sin vida, ni elecciones internas, y están muy divididos. Las Paso, ideadas para mejorar las elecciones internas, fracasaron. Las finanzas y recursos partidarios no son transparentes.
Abunda el “borocotismo”, como se les llama a las personas que habitualmente cambian de partidos y/o de ideología. Se insiste con “candidaturas testimoniales”, proponiendo personajes que si son elegidos por el pueblo no asumirán el cargo.
Hay políticos que lucran con una suerte de “carrera política”, al ocupar distintos cargos públicos remunerados, sin preocuparse si para hacerlo cambian de partidos, de bloques, de ministerios, etc. Los empleados “ñoquis” son otra realidad deleznable.
Las reelecciones en los cargos ejecutivos es otro escándalo político, como ocurre con el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, que detenta ese cargo desde hace más de 30 años.
La corrupción de algunos funcionarios que cometen delitos en sus relaciones con contratistas de obras o de servicios públicos, con proveedores de bienes o servicios para el Estado, o que operan con el juego, o con el narcotráfico- necesita ser apartados de sus cargos y ser castigados por la Justicia.
Receta y técnica legislativa
Con este diagnóstico, las respuestas son complejas, pero no imposibles, si los que legislan las asumen sin pensar solo en obtener, con ello, un provecho personal, sectorial o un mejor resultado en las próximas elecciones.
Para ello, el representante del pueblo, debe seleccionar los temas prioritarios que merecen ser legislados, y que el mismo está en condiciones de elaborar con convicción y firmeza, luego de haber ser asesorado - por la Dirección de Información Parlamentaria y por los expertos en el tema sobre los antecedentes y proyectos que ya están presentado en nuestro Congreso o en el de otros países - y redactar, luego, el proyecto que contenga las soluciones, generales y particulares, que resuelvan el o los problemas que nos aquejan a los argentinos.
Las leyes generales que se necesitan para reglamentar cuestiones que tienen ese alcance, como ocurrió cuando fui diputado de la Nación y proyecté un Código de Procedimiento Constitucional, un Reglamento General del Congreso y una ley que reglamentaba a los convenios interprovinciales e intermunicipales, que no fueron sancionados, salvo el primero, adaptado para ese nivel, en la provincia de Tucumán. Hoy sería también un ejemplo, el proyectar una ley federal de salud; u otra que convoque a un tercer Congreso Pedagógico Nacional, como ocurrieron los anteriores, en los dos siglos pasados, en las décadas del 80.
Los problemas concretos obligan también a proyectar, y luego hacer sancionar, leyes particulares, o que reformen códigos, leyes o reglamentos, para lo cual se debe seguir una similar técnica legislativa. Un ejemplo concreto sería hacer incorporar al Código Civil y Comercial vigente, dos graves omisiones que hubo respecto del anterior Código Civil, como fue el no mantener la llamada “interpretación auténtica” de las leyes, en el artículo 2°, y el determinar que nos seguimos rigiendo por “Calendario gregoriano”, del artículo 6° del nuevo Código.
Todas las leyes deben ser redactadas en forma simple, clara y concisa, que sea fácil de entender para los que deban cumplirlas o interpretarla.
El diálogo, los debates y los consensos son indispensables, luego, para conseguir las mayorías políticas que permitan aprobar estas leyes, las que siempre deberán dirigidas al bien común.
Es bueno, por último, que, al legislar, no hay que olvidar los sabios consejos de Juan Bautista Alberdi, quién redactó el proyecto de nuestra Ley Fundamental, cuando decía que:
- “La ley escrita, para ser sabia, ha de ser expresión fiel de la ley natural”.
- “La ley no debe tener otras miras que las de la Constitución. La Constitución designa el fin, la ley construye el medio”.
- “Recordemos a nuestro pueblo que la patria no es el suelo. Tenemos suelo hace tres siglos, y sólo tenemos patria desde 1810. La patria es la libertad, es el orden, la riqueza, la civilización organizados en el suelo nativo, bajo su enseña y en su nombre.”
