Los partidos políticos son, o deberían ser, las escaleras que la sociedad dispone para que personas idóneas puedan escalar y acceder, pacífica y democráticamente, a los cargos políticos, desde los cuales se dictan reglas y se toman las decisiones importantes del Estado. Además, por esta vía los ciudadanos hacen llegar a quienes ejercen el poder: reclamos, protestas, proyectos e ilusiones, para que se escuchen y plasmen a través del consenso o del voto mayoritario, teniendo en cuenta el bien común.

Pero hoy los partidos están en crisis por haber sido absorbidos por las estructuras estatales, las que sirve para sobredimensionar los liderazgos personales, auxiliados por funcionarios, asesores, consultores o “contratados”, que además conforman la “militancia”. Ello les permite, también, usar los medios de comunicación masivos –la prensa, las radios, la televisión, la cadena nacional que pertenecen o dependen del financiamiento estatal-; las estadísticas y sondeos de opinión, redes sociales y asesores de imagen que se manejan o encargan desde el Estado.

Las cúpulas partidarias fueron reemplazadas por presidentes, gobernadores e intendentes que auxiliados por directores de empresas o entes estatales o paraestatales, concesionarios y asociaciones o empresas privadas que dependen de subsidios y planes sociales. Todo ello facilita el clientelismo que se ejerce a través del personal político empleado en el Estado, o mediante la articulación que desde el mismo se hace a través de ONGs, cooperativas, sindicatos, centros vecinales, barras bravas, u organizaciones piqueteras. Hay partidos que descuentan la cuota de afiliado del sueldo de los que son empleado públicos.

Esto hizo perder identidad a los partidos, y en muchos casos los convirtió en estructuras jurídicas vacías que sirven sólo para postular candidatos o hacer alianzas electorales. Sus sedes se abren sólo en víspera de elecciones, la formación política fue sustituida por el marketing, muchas candidaturas fueron copadas por personajes mediáticos o de la farándula y las convenciones o congresos no debaten ideas ni plataformas sino alianzas electorales o candidaturas, y muchas veces dicen amén a lo decidido por sus líderes; a quienes, además, éstas asambleas –casi siempre- les delegan la suma del poder público partidario, y, cuando estos jefes están en gobierno, avalan lo que allí hacen.

Elecciones de 2013 y 2015

Ejemplo de ello es lo que vimos en la provincia de Córdoba en la última elecciones de diputados nacionales en la que la disputa se dio entre la lista de candidatos del gobernador Jose´Manuel de la Sota, encabezaba Juan Schiaretti, y la del intendente Ramón Mestre de la Municipalidad de Córdoba, cuyo 1º postulante fue Oscar Aguad, y el 3ª su hermano Diego; con el apoyo de los intendentes que le respondían a ambos, destacándose entre los de Unión por Córdoba el de San Francisco, Martín Llaryora, que fue el 4º candidato, junto a la locutora “Blanquita” Rossi; y de los radicales el de Río Cuarto, Juan Jure.

Por el tercer puesto confrontaban la boleta de Cristina Fernández de Kirchner, liderada por Carolina Scotto –ex rectora de la UNC-, apoyada por los intendentes del Frente para la Victoria, especialmente el de Villa María -Eduardo Accastello-, ya que el 2º candidato fue Martín Gill, que integró su gobierno y era rector de la Universidad de esa ciudad; y la de Mauricio Macri, jefe del gobierno de Buenos Aires, encabezada por el ex árbitro Héctor “coneja” Baldacci, para lo cual inauguró una casa de la CABA en la ciudad de Córdoba.

El senador Luis Juez, con su candidato Ernesto Martinez, tuvo un brusco retroceso en la votación, por carecer estructura estatal que lo sustente. Quizás, si el primer candidato hubiera sido el socialista Roberto Birri, como se lo propusieron, hubiera conseguido el apoyo del gobernador de Santa Fe que es de ese partido, El voto castigo lo capitalizó la Izquierda que casi obtuvo, por primera vez, un diputado nacional.

Los debates televisivos entre los candidatos y los fondos y espacios otorgados en radios y televisión por el Ministerio del Interior a los partidos poca influencia tuvieron entre los sufragantes, que se dejaron llevar más por la persistente propaganda y acciones proselitistas que desplegaron los gobiernos nacional, provincial y municipales. El significativo protagonismo de estos quedó demostrado con la inédita derrota que un intendente, Sergio Massa, le infringió la presidenta.

El Fondo Partidario Permanente que por ley financia a los partidos, y los controles y sanciones que administrativa y judicialmente se les aplican a los partidos no han dado resultados: ni para que haya vida partidaria, debates,  escuelas de dirigentes, ni para financiar campañas electorales.

Las elecciones primarias abiertas y simultáneas (PASO), obligatorias a nivel nacional, intentaron suplir lo que no se hace en los débiles partidos. Pero sirvieron para que algunos candidatos vayan “por fuera” de las agrupaciones de las que son dirigentes, usando la personería de otro partido, que muchas veces son sólo una estructura jurídica, un “sello de goma” como se los denomina. La ley que las regula no exime de participar a los candidatos que no tienen contendientes internos; ni admite alianzas después de que se haya votado, por ejemplo que un candidato a presidente de una alianza o partido pueda unirse en una fórmula con el vice de otra.

Con miras a los comicios de 2015 se ensayan nuevas alianzas y precandidaturas que parecen ser más de lo mismo. Lo que necesitamos es que los partidos vuelvan a ser parte de la sociedad, vehículos de participación, foros de debate, escuela de dirigentes y no apéndices del estado; y se financien con trasparencia.

Un objetivo para la generación de políticos; nacidos al civismo después de recuperada la democracia y que ya comenzaron a reemplazar a los “setentistas”; será sacar a los partidos del pozo en que cayeron y reconvertirlos en “instituciones fundamentales” de la democracia (Art. 38 CN), lo que será, además, una invitación a participar.

                                   Córdoba, mayo de 2014.